En los últimos años, el Perú ha experimentado un alarmante auge del crimen organizado. Diversos grupos criminales han expandido progresivamente su presencia en todo el país, ejerciendo influencia sobre sectores clave de la economía, incluyendo la minería de oro y el transporte.

En 2024, el Perú registró la cifra más alta de homicidios en al menos siete años, y la mitad de estos asesinatos han sido atribuidos a sicarios. Las denuncias por extorsión alcanzaron su punto máximo en 2023 y se mantuvieron en niveles elevados en 2024.

Si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar.

Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, Human Rights Watch entrevistó a 125 personas, incluyendo fiscales, policías, jueces, defensores ambientales, periodistas, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales, para obtener información sobre la expansión del crimen organizado en el Perú y el rol de las autoridades en permitir o facilitar su avance. También analizamos 88 leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022.

Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado.

El Congreso

El Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos. También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y ha creado obstáculos a los allanamientos. Además, ha buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide al Ministerio Público perseguir penalmente a los responsables de la destrucción ambiental. También ha destituido arbitrariamente a jueces y fiscales de alto nivel para bloquear investigaciones sobre corrupción.

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 El Ejecutivo, con los estados de emergencia como principal estrategia de seguridad posibilita la agenda del Congreso de debilitar la independencia de jueces y fiscales y su capcidad de hacer frente al crimen interno y transnacional.

Aunque el gobierno de la presidenta Boluarte en contadas ocasiones ha intentado frenar la agenda legislativa contraria a los derechos humanos, con demasiada frecuencia ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado. Al igual que otros líderes de la región, Boluarte ha recurrido a declarar “estados de emergencia” que suspenden derechos constitucionales como principal herramienta contra la delincuencia. Los datos y testimonios recopilados por Human Rights Watch muestran que estas medidas no han logrado reducir los homicidios.

Los actuales congresistas y la presidenta Boluarte, o quienes los reemplacen tras las elecciones de abril de 2026, deberían revertir o modificar las leyes, políticas públicas y normas que han debilitado la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción y el crimen organizado. Deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Perú, garantizando la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y adoptando medidas para proteger los derechos a la vida y a la integridad física de la población.

La comunidad internacional también puede desempeñar un rol clave en la reconstrucción del marco institucional peruano. El Perú se encuentra en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países, en su mayoría de ingresos altos, que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. La OCDE debería exigir compromisos concretos al gobierno peruano para abordar los múltiples problemas de gobernabilidad democrática e inseguridad detallados en este informe.

El pueblo peruano merece un Congreso y un Poder Ejecutivo que garanticen su derecho a vivir libre de la violencia del crimen organizado.

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