Un reportaje de Punto Final reveló nuevos cuestionamientos a la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo. El dominical accedió a un informe elaborado por la Defensoría en septiembre de 2024 que refuerza los indicios de un intento de blindaje de parte de Josué Gutiérrez, titular de la institución, a la presidenta Dina Boluarte.

Se trata del documento N°226, titulado 'Propuestas para fortalecer la institucionalidad democrática', en el que Gutiérrez proponía modificar el artículo 117 de la Constitución para restringir aún más las investigaciones al presidente en funciones.

????La Defensoría del Pueblo elaboró en 2024 un informe para modificar el artículo 117 de la Constitución para que diga que no se puede investigar ni acusar al presidente salvo por traición a la patria o interrumpir elecciones. #PuntoFinal

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La propuesta buscaba que un mandatario solo pueda ser investigado y acusado por los supuestos ya contemplados en la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o bloquear el funcionamiento de organismos electorales. De aplicarse, la jefa de Estado quedaría blindada frente a indagaciones por corrupción u otros delitos comunes, como el caso Rolex o las muertes en las protestas sociales de 2022 y 2023.

El informe no fue publicado en la web institucional y se mantuvo bajo reserva, aunque fue presentado en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, espacio donde participan las principales autoridades del Estado, incluida Boluarte. Este giro contrasta con la posición de la Defensoría en 2022, cuando bajo la gestión de Walter Gutiérrez defendía que el presidente sí debía ser investigado, aunque no acusado.

La constitucionalista Beatriz Ramírez, consultada por el dominical, cuestionó que el nuevo informe no cite ni explique por qué se abandonó el criterio anterior. A su juicio, el viraje carece de fundamentos técnicos y refleja una alineación con el Ejecutivo.

Josué Gutiérrez y sus constantes defensas a favor de Dina Boluarte

Como se sabe, la Defensoría, bajo la gestión de Gutierrez, participó en el proceso competencial presentado por Boluarte ante el Tribunal Constitucional en calidad de amicus curiae, una figura que permite opinar sin ser parte del proceso. En esa intervención, la institución respaldó directamente la posición de la mandataria, lo que alimenta la percepción de que se convirtió en un aliado político del Gobierno.

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Gutiérrez niega haber buscado blindar a Boluarte y asegura que su propuesta pretendía fortalecer la figura presidencial. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya advirtió que las indagaciones preliminares contra la jefa de Estado seguirán en curso, aunque no puedan derivarse al Congreso. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo afronta cuestionamientos por un aparente papel de escudo institucional en favor de la presidenta.

Fuente: La Republica y Punto Final

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