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Denuncia constitucional de la Fiscalía contra expresidente Pedro Castillo y sus 24 "niños"

Esta denuncia constitucional de la fiscalía alcanza a los congresistas Ilich López y Carlos Zeballos que ahora postulan a la Mesa Directiva 2025-2026 del Legislativo.

La acusación constitucional incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, y a Betssy Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.
La acusación constitucional incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, y a Betssy Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.

 

Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones; congresistas de Acción Popular (denominados ‘Los Niños’), Perú Libre-Bloque Magisterial; y exministros de Estado.

 

Entre los congresistas denunciados figuran Ilich López (Acción Popular) y Carlos Zeballos (antes en AP, ahora en el Bloque Democrático Popular), quienes postulan a la vicepresidencia del Parlamento en las listas de José Jerí (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) respectivamente.

 

 

 

Incluye también 3 exministros

 

La acusación constitucional incluye a Juan Francisco Silva, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; y a Jorge Luis Prado, entonces ministro de la Producción, por los delitos de organización criminal y negociación incompatible. Mientras que a Betssy Chávez, en su calidad de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por el delito de negociación incompatible.

 

La Fiscalía de la Nación argumenta en su carpeta de investigación que el expresidente Castillo Terrones habría liderado la presunta organización criminal integrada por los congresistas y ministros denunciados con el fin de negociar votos congresales a cambio direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Producción; así como en organismos públicos descentralizados; Superintendencia Nacional de Migraciones, Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos.

 

 

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