La Fiscalía Suprema solicitó una condena de 10 años y 5 meses de prisión contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por presuntamente haber ordenado el ingreso ilegal a una oficina lacrada del Ministerio Público en enero de 2019 para sustraer documentación relacionada con investigaciones que involucraban a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular.

El requerimiento fue presentado por el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, quien acusa a Chávarry de los delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real agravado y encubrimiento personal agravado.

El caso se remonta al 5 de enero de 2019, cuando la oficina de Juan Manuel Duarte Castro, entonces asesor de Chávarry, se encontraba lacrada por disposición del fiscal José Domingo Pérez. La medida buscaba preservar posibles elementos de prueba hasta que el Poder Judicial autorizara un allanamiento formal.

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Según la acusación fiscal, Chávarry habría convocado una reunión de emergencia para coordinar el retiro de documentos que podían evidenciar vínculos entre él, Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Para ello, presuntamente se ejecutó una operación destinada a evitar que quedaran registros de lo ocurrido.

La Fiscalía sostiene que funcionarios de confianza habrían dispuesto la inoperatividad de las cámaras de seguridad del noveno piso del Ministerio Público, mientras personal de seguridad y escoltas distrajeron a los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que resguardaban la oficina intervenida.

En ese contexto, la exasesora Rosa María Venegas Mello habría ingresado en varias oportunidades al despacho lacrado y retirado documentos. La acusación añade que posteriormente intentó recolocar las cintas de seguridad para simular que la oficina no había sido intervenida.

La presunta maniobra fue descubierta cuando José Domingo Pérez regresó al lugar para continuar con el allanamiento y los agentes de la Diviac advirtieron irregularidades en los sellos de seguridad. Una pericia posterior concluyó que la oficina había sido deslacrada.

Además de Chávarry, la Fiscalía acusa a otras siete personas por su presunta participación en los hechos. Entre ellas figuran el exasesor Juan Manuel Duarte Castro, para quien se solicita una pena de 12 años y 6 meses de prisión, así como exfuncionarios y exescoltas de la Fiscalía de la Nación, para quienes se requieren condenas de hasta 15 años y 7 meses.

La pena solicitada contra Chávarry es menor debido a la aplicación de la figura de responsabilidad restringida por la edad, ya que al momento de los hechos tenía más de 65 años.

¿Cuál es la relación de Keiko Fujimori con este caso?

La Fiscalía sostiene que la presunta extracción de documentos tuvo como finalidad dificultar o impedir el acceso a información relevante para investigaciones vinculadas a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular. Según la acusación, los documentos retirados podían contener elementos que acreditaban vínculos entre Pedro Chávarry y la entonces investigada lideresa política.

Por ello, el Ministerio Público considera que la actuación atribuida al exfiscal de la Nación no solo habría buscado protegerlo a él mismo, sino también obstaculizar investigaciones relacionadas con Fujimori, quien en ese momento era investigada por presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales dentro del caso Lava Jato. La acusación señala que la desaparición de dichos documentos habría dificultado la acción de la justicia y el esclarecimiento de los hechos investigados.

Fuente: La Mula