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Fiscalía ratifica acusación y pedido de prisión por el golpe de Estado del 7 de diciembre 2022 | VIDEO

34 años para el expresidente, 25 años para la ex-primer ministro Betssy Chávez y para el exjefe de Gabinete de Asesores de la PCM, Aníbal Torres, requirió 15 años, siguen otros.

Edward Casaverde, representante del Ministerio Público, también detalló que en caso se desestimará la acusación por rebeleión y se optará por el delito de conspiración, solicitarían 19 años de cárcel para el exmandatario.
Edward Casaverde, representante del Ministerio Público, también detalló que en caso se desestimará la acusación por rebeleión y se optará por el delito de conspiración, solicitarían 19 años de cárcel para el exmandatario.

 

El fiscal supremo adjunto Edward Casaverde ratificó este jueves, ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, su pedido para que el vacado expresidente, Pedro Castillo, sea condenado a 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

 

Durante el cierre de sus alegatos finales, la fiscalía también requirió la pena de 25 años de cárcel contra la expresidenta del Consejo de Ministros, y hoy asilada por México, Betssy Chávez; el exministro del Interior, Willy Huerta; los efectivos policiales, Manuel Lozada (Jefe de la región policial de Lima), y Justo Venero (Jefe de la Unidad de Servicios Especiales). Mientras que para el exjefe de Gabinete de Asesores de la PCM, Aníbal Torres, requirió 15 años.

 

 

Sin embargo, ante el anuncio de la sala suprema sobre una posible desvinculación de la acusación, considerando una presunta “conspiración para la rebelión”, el representante de la fiscalía solicitó que el tribunal imponga a Castillo Terrones la pena de 19 años y 30 días. Mientras que, para Chávez Chino, Torres Vásquez, Huerta Olivas, Lozada y Venero, la fiscalía solicitó 11 años, 5 meses y 15 días de pena por el presunto delito de “conspiración para la rebelión”.

 

 

Todo ellos, precisó Casaverde, deben ser considerados responsables con “agravante” debido a que, siendo delitos comunes, actuaron como presidente de la República, presidenta del Consejo de Ministros, jefe de asesores, ministro de Estado y efectivos policiales.

 

De otro lado, en el Congreso de la República de la República, por mayoría, se aprobó declarar “persona no grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por intervenir en asuntos internos del Perú.

 

Sheinbaum, cabe recordar, ha venido expresando su respaldo a Pedro Castillo, cuestionando su proceso judicial; y recientemente, otorgó asilo político a la acusada exministra Betssy Chávez.

 

La expresidenta del Consejo de Ministros se encuentra a la espera de que el Ejecutivo decida si le entrega o no el salvoconducto que le permitiría salir de nuestro país rumbo a México. Esta decisión se daría a conocer este viernes.

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