Su solicitud de asilo se encuentra congelado hasta nuevo aviso.

La Cancillería, tras analizar el pedido mexicano de salvoconducto para Betssy Chávez, identificó el uso indebido de la Convención de Caracas de 1954 para casos que no corresponden a persecución política.

Ante dicha situación, anunció que —por disposición del presidente José Jerí— propondrá a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) modificar las normas sobre el otorgamiento de asilo político para evitar que la “tergiversación de su esencia continúe ocurriendo”.

“Se ha evidenciado una evolución negativa en la aplicación internacional de esta norma, pues en los últimos años se ha utilizado de manera indebida, calificando delitos comunes como casos de persecución política”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su último comunicado.

En ese sentido, la Cancillería informó que los resultados de estas gestiones, que se desarrollarán con carácter de urgencia, serán comunicados oportunamente. “Concluido este proceso, el Gobierno peruano adoptará las decisiones que correspondan”, sostuvo.

“Expresamos nuestro profundo malestar y rechazo, pues el derecho de asilo se ha desvirtuado al concederse a personas que no enfrentan persecución en estados democráticos, sino que, por el contrario, son procesadas o incluso condenadas por delitos comunes”, agregó.