El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazó el respaldo institucional brindado a Vladimir Cerrón mediante un amicus curiae y exigió la renuncia de los funcionarios involucrados.

En el pronunciamiento público, también cuestionaron la intervención en el caso de Daniel Urresti, al considerar que estas acciones desnaturalizan el rol de la entidad.

“La misma Defensoría que intervino ante la Corte IDH para sostener la imprescriptibilidad de estos crímenes prestó su legitimidad institucional para habilitar la impunidad”, se lee en el documento.

???? #ALERTA El titular de la @Defensoria_Peru, Josué Gutiérrez, presentó un amicus curiae a favor de Vladimir Cerrón, investigado por organización criminal y lavado de activos.

?? La actuación de Gutiérrez evidencia una posición alejada de su función de defender derechos… pic.twitter.com/HJ9h1tJs2s

— CNDDHH ???????? #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) April 1, 2026

El documento, emitido el 1 de abril, señaló que la institución dejó de actuar con independencia y pasó a favorecer intereses políticos. Según el gremio, esto contradice el mandato constitucional que obliga a la Defensoría a proteger a la ciudadanía frente a abusos del poder estatal.

El sindicato advierte que el caso de Cerrón resulta especialmente grave por el vínculo previo del actual defensor, Josué Gutiérrez, con el líder de Perú Libre. Recuerdan que fue su abogado y que luego se afilió a dicho partido. Para los trabajadores, esta relación debió impedir cualquier intervención institucional en su favor.

“El Defensor fue abogado personal de Cerrón desde julio de 2021, se afilió a Perú Libre en enero de 2022 y fue propuesto por ese partido para el cargo. Intervenir como amicus en favor de su ex cliente sin abstenerse constituye, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, la situación paradigmática en que el interés subjetivo invalida la condición de amicus”, precisan.

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Y añaden que “el conflicto de intereses no es un tecnicismo: es una violación de los principios que rigen la función del Defensor”.

Sobre el caso Urresti, cuestionan que la Defensoría haya presentado argumentos que contribuyeron a que el Tribunal Constitucional declare la prescripción del proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. A su juicio, esto va en contra de la línea histórica del propio organismo en defensa de los derechos humanos.

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Crisis institucional y riesgo internacional en la Defensoría del Pueblo

El pronunciamiento sostiene que no se trata de hechos aislados. El sindicato afirma que existe un patrón de decisiones que favorecen a personas investigadas o condenadas por delitos graves. Esta situación, advierten, configura una captura de la Defensoría del Pueblo.

Los trabajadores también alertan sobre el impacto interno. Señalan que la pérdida de credibilidad afecta directamente su labor diaria. Explican que atienden casos de ciudadanos vulnerables y que la desconfianza debilita sus gestiones frente a entidades del Estado.

“No a los poderosos que disponen de los mejores abogados del país. No a los prófugos de la justicia. Sí a los ciudadanos ordinarios, a los hombres, mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia, a los pueblos indígenas, a los migrantes. Ellos son los dueños de esta institución”, sentencian.

Otro punto crítico para el gremio es la revisión iniciada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Este proceso podría retirar la acreditación “A” de la Defensoría. De ocurrir, el Perú perdería representación en espacios internacionales como el sistema de Naciones Unidas.

El sindicato hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Piden tomar acciones para recuperar la independencia de la institución.

También expresan respaldo a los trabajadores que han denunciado estos hechos, pese a posibles represalias.