Con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, liderada por la congresista Lady Camones (APP), aprobó este viernes el informe final elaborado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), el cual propone inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo Terrones, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino y al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Camones sustentó la votación indicando que "este informe recoge la esencia de los hechos que todos los peruanos vivimos el 7 de diciembre de 2022. No es una persecución política; el Congreso actuó conforme a la Constitución y garantizó la sucesión constitucional”.

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¿Cuáles son los argumentos para aprobar el informe final que busca la inhabilitación por 10 años?

El argumento fundamental se sustenta en que el mensaje a la nación emitido por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 representó un "acto de ruptura del orden constitucional". En dicho mensaje, Castillo dispuso medidas que excedían su autoridad constitucional, incluyendo la "disolución temporal del Congreso", la "instauración de un gobierno de emergencia excepcional" y la reorganización del sistema de justicia.

El informe, que recogió las Denuncias Constitucionales N.º 547 y N.º 575, acusa a los exfuncionarios de infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Perú. Se considera que las acciones anunciadas, al estar fuera del marco legal que regula la separación y equilibrio de poderes, vulneraron gravemente la Carta Magna. La propuesta de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública es la sanción máxima que el Congreso puede imponer por este tipo de infracciones constitucionales.

En el caso de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, y el exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, el argumento de la acusación se basa en su presunta complicidad o participación activa en los hechos. Se les responsabiliza de acompañar y supuestamente facilitar la consumación del intento de Golpe de Estado desde sus respectivos cargos ministeriales. Es importante notar que el informe de la Subcomisión enfatizó que "recoge la esencia de los hechos que todos los peruanos vivimos el 7 de diciembre de 2022", desestimando la defensa de que se trataba de una "persecución política".