Por: Nelson Shack Yalta - Economista, Ex Contralor General de la República

Las evidencias provenientes de informes de control, denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas y otras fuentes confirman que cada vez con más frecuencia se produce el abuso del poder en beneficio de los familiares al conseguirles trabajo en el sector público: el Estado en familia.  

Esta situación se ha agravado con la flexibilización de las restricciones para la contratación de familiares de altos funcionarios y la reducción del plazo de un año a seis meses para que estos puedan volver a ser contratados por el Estado.

No se trata de prohibir que trabajen en el sector público —eso nunca ha estado vedado—, sino de evitar que lo hagan como proveedores o locadores de servicios. Ahí radica uno de los principales problemas actuales: los conflictos de interés.

Podemos debatir si la flexibilización de estas normas beneficia o no al país (aunque es evidente que sí favorece a los familiares de los altos funcionarios). Sin embargo, lo urgente es adoptar medidas efectivas para combatir estas malas prácticas, que incluso podrían estar vinculadas a actos de corrupción.

La corrupción no es solo un concepto jurídico; también implica el incumplimiento de estándares éticos y morales. Y precisamente lo que la ciudadanía espera de sus autoridades es integridad y compromiso con el bien común. El creciente rechazo hacia la clase política y la desafección con el sistema democrático se explican, en parte, porque muchos peruanos sienten que este sistema solo enriquece a unos pocos en lugar de servir al interés colectivo.

Una solución estructural para evitar estos conflictos de interés —especialmente evidentes en la contratación de locadores de servicios que realizan funciones permanentes— es la implementación de una carrera pública meritocrática, profesionalizada y bien remunerada, especialmente a nivel subnacional. Además, se debe prohibir legalmente la contratación de locadores para tareas permanentes, eliminando el uso de contratos menores de 8 UIT para este fin.

En los últimos 20 años, el número de personas que trabajan en el Estado se ha duplicado: de menos de 900,000 en 2003 a más de 1.8 millones en 2023. De ellos, 400,000 no son empleados formales, sino locadores de servicios que trabajan todo el año mediante órdenes de servicio.  

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Ante el aumento de la población y la economía, son necesarios más servidores públicos, especialmente en las llamadas “carreras especiales” (médicos, maestros, policías, jueces, fiscales, etcétera), que pasaron de 650,000 a 900,000 en dos décadas.  Sin embargo, el número de trabajadores administrativos ha crecido desproporcionadamente: de 250,000 a casi 900,000. Muchos de estos contratos se otorgan sin transparencia, sin competencia y sin meritocracia, lo que alimenta los conflictos de interés y la percepción de corrupción.

Más allá de discutir la constitucionalidad de los impedimentos para contratar a familiares de altos funcionarios, es momento de resolver el problema de fondo. Necesitamos un servicio civil real: meritocrático, flexible y bien remunerado. Esto requiere una reforma constitucional que establezca una carrera administrativa con ascensos programados, periódicos y obligatorios. Si un trabajador no asciende, debe desvincularse del Estado. Una verdadera carrera pública debe garantizar dos cosas: que ingresen los mejores y que solo permanezcan los más competentes.

Evidentemente, esta reforma no podrá ser impulsada por el actual Gobierno, que carece del tiempo, la legitimidad y la capacidad para llevarla a cabo. Pero debe ser una prioridad para el próximo Gobierno, a partir de julio de 2026, una vez resuelto el problema de la inseguridad ciudadana.  

Ojalá la clase política comprenda que no habrá mejora sustancial en la economía sin una reforma profunda del funcionamiento del Estado. Y que el recurso más valioso del aparato estatal es su gente: los funcionarios y servidores públicos que hacen posible que el Estado funcione. 

Para muestra basta un botón:

????Congreso pagó un pasaje ida y vuelta a Francia para que María Jesús Gosálvez, quien es vecina del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, pueda recibir un reconocimiento internacional. #PuntoFinal

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— PuntoFinalOficial (@PuntoFinalOf) July 14, 2025