La presidenta Keiko Fujimori pidió al Senado que la autorice a salir del país del 28 al 31 de octubre, para una visita oficial a El Salvador, y del 2 al 6 de noviembre, para asistir en Madrid a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El pedido está en un oficio firmado por la mandataria y por el premier Luis Galarreta, y dirigido al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres.

El Ejecutivo señala que el Consejo de Ministros aprobó el pedido en su sesión del 2 de octubre. De autorizarse, Fujimori pasaría nueve días fuera del país en dos tramos. Según las fechas solicitadas, entre ambos viajes estaría en el Perú solo el 1 de noviembre.

En El Salvador, la presidenta viajaría por invitación del gobierno de Nayib Bukele a San Salvador y al municipio de Tecoluca. El jueves 29 se reuniría a las 11.00 con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y visitaría el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). A las 5.00 p. m. tendría un encuentro privado con Bukele, seguido de una reunión ampliada con ministros y una cena en su honor.

El viernes 30, la agenda contempla una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabi, y una visita al Hospital Rosales a las 11.00. A las 3.00 p. m. se reuniría con la ministra de Educación, Karla Trigueros, y visitaría una escuela pública, donde conocería el programa Dos Escuelas por Día. El Ejecutivo sostiene que busca conocer los modelos salvadoreños de seguridad, sistema penitenciario, educación y salud, y evaluar su adaptación al Perú.

El segundo viaje es a la Cumbre Iberoamericana, que se realizará el 4 y 5 de noviembre en Madrid. Se espera que adopte la Declaración de Madrid. El Ejecutivo dice que Fujimori impulsaría iniciativas contra la delincuencia organizada transnacional y la gestión del riesgo de desastres, con énfasis en El Niño. Durante las ausencias, el primer vicepresidente asumirá el despacho presidencial.

Cabe señalar que el CECOT, lugar que visitaría Fujimori, está cuestionado por organismos de derechos humanos. Human Rights Watch y Cristosal documentaron en noviembre de 2025 torturas y otros abusos sistemáticos contra 252 venezolanos enviados allí por Estados Unidos; cerca de la mitad no tenía antecedentes penales.