La elección del fiscal supremo Tomás Gálvez como nuevo Fiscal de la Nación viola flagrantemente la ley y concreta una nueva etapa, clave y grave, del proceso de cooptación del sistema de justicia por parte de operadores de justicia que están generando impunidad a favor de intereses políticos y criminales, y en contra de la representación de la sociedad que busca justicia.

En otras palabras: la elección es una abdicación a las funciones de la Fiscalía, y la espada de Damocles que advierte de un mayor acoso y persecución contra los fiscales que han estado cumpliendo su trabajo. Vacía el contrapeso que la Fiscalía debe representar en el Estado de Derecho, y pone a la institución, a la luz de la actuación del nuevo Fiscal de la Nación titular, al lado de las causas y personajes que venía investigando: “Cuellos Blancos”, “Lava Jato”, la corrupción de funcionarios, las graves violaciones a los derechos humanos, las violencias sexuales y las violencias contra menores de edad, y otros.

#LoÚltimo | En sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos acordó elegir al fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas, como fiscal de la nación para el periodo 2026–2029. pic.twitter.com/96VOizJdGc

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 23, 2026

Por eso, la ciudadanía no permitirá este avance en la destrucción y desinstitucionalización del sistema democrático, un proceso ya concretado en países hermanos como Guatemala, Nicaragua o El Salvador, que son el espejo de lo que debemos evitar.

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Hay muchas razones para recursar esta elección. El perfil del fiscal elegido para ser Fiscal de la Nación no se condice con el de la Ley de la Carrera Fiscal ni la Constitución: es un actor político, tiene conflictos de interés con la remoción de las fiscales que indagaban causas que lo comprometían directamente. Además, ha violentado el estándar de la sentencia “Casa Nina” al eliminar los Equipos Especiales, y no garantiza independencia ni tiene legitimidad a raíz de los casos por los que fue destituido y por los que no ha sido declarado inocente: llamadas con César Hinostroza para incidir en causas, violencia contra dos mujeres periodistas. Ello, sin contar las públicas ilegalidades y conflictos de interés en el proceso de selección del 2015 en que fue elegido fiscal supremo por el CNM de los audios de la vergüenza que la ciudadanía conoció en el 2018.

Asimismo, la elección se ha llevado sin la mínima transparencia que garantiza el interés público contra el interés de la cooptación y la repartija. E incluso, sin precedente alguno, se ha permitido que una fiscal suprema, Patricia Benavides, inhabilitada al estar suspendida por el Colegio de Abogados de Lima desde el 27 de enero, participe y vote en la elección. Ello no solo es un vicio de nulidad de la elección, sino que también violenta la autonomía y decisiones del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

El impacto letal de este procedo de copamiento va más allá de la propia fiscalía. Esta Junta de Fiscales Supremos, con tres integrantes involucrados en investigaciones del escándalo “Cuellos Blancos”, liderada por el nuevo Fiscal de la Nación, tiene un representante en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Garantizarán el derecho y el respeto a la voluntad popular?

Por todo lo anterior, la ciudadanía no va a permitir que la Fiscalía de la Nación la represente quien está violando la ley y el requisito de apariencia de independencia del poder político. La búsqueda de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, de la corrupción, de las violencias diversas contra las mujeres y poblaciones vulnerabilizadas está otra vez en serio riesgo. Desde el Instituto de Defensa Legal impulsaremos las acciones pertinentes para la defensa de un Ministerio Público independiente, institución clave para la investigación del crimen y la defensa de la sociedad peruana.

El IDL es una institución de la sociedad civil cuyo fin es la promoción y defensa de los DDHH, la democracia y la paz en el Perú y América Latina.